PRIMERA FASE DE LA CAMPAÑA

DESPENALIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA

 

            En noviembre del 2003, después de las heroicas jornadas de septiembre octubre en La Paz y El Alto, a iniciativa de cocaleros, gremialistas, fabriles e intelectuales, se lanzó la Primera Fase de la Campaña Coca y Soberanía. Después de una fase de recolección de firmas por Internet, en febrero del 2004 se presentó el documento en público en la Universidad Pública de Siglo XX, donde se inició la campaña de recolección de firmas. Un lamentable y misterioso accidente al volver de dicho viaje culminó en la paralización momentánea de la campaña, por las heridas de los hermanos Dionicio Nuñez y Gabriel Carranza y el fallecimiento de la compañera Ingrid. A  tiempo de reiniciar esta campaña, agradecemos a la Pacha por haber preservado con vida a tres personas que fueron en ese viaje, aunque aún recordamos acongojados la muerte de Ingrid, cuya alma invocaremos en Todos Santos.

            El documento que circuló en esos momentos es el siguiente, y la lista de firmantes llegó a sobrepasar las 100 personas cuando momentáneamente debimos dejar la Campaña en estado de latencia. Al relanzarla ahora, nos acordaremos siempre de los muertos de Octubre de ese mismo año, que lloramos en las jornadas de noviembre.

 

COCA Y SOBERANIA NACIONAL - NOVIEMBRE 2003

 

            Los acontecimientos del pasado mes de octubre han puesto en el tapete de discusión el tema de la SOBERANIA sobre nuestros recursos naturales. Esta temática debería incluir no sólo al gas, sino también la hoja de coca, que está en la mira de las corporaciones y del gobierno de los EEUU, quienes buscan provocar una lógica de enfrentamientos y protestas sociales sin visos de solución. Es urgente que la sociedad civil pase de LA PROTESTA A LA PROPUESTA y se pronuncie activamente en torno a estos temas. Proponemos un debate nacional en torno a la hoja de coca, con base en los siguientes puntos.

1. La ilegalización de las zonas “excedentarias en transición” (Art. 10, Ley 1008) se ha realizado por imposición norteamericana, a través del D.S. 24963 del 20-02-1998, titulado “Estrategia Boliviana de Lucha contra el Narcotráfico”. Este decreto debe ser impugnado por las siguientes razones: a) es un decreto mañoso, que a título de eliminar la “erradicación compensada” en los hechos convierte en ilegales a las zonas productoras del trópico de Cochabamba y a vastas regiones de los Yungas de La Paz b) fue impuesto unilateralmente, sin ningún debate público, y c) es un decreto inconstitucional, pues viola el primer artículo de la CPE que reconoce los derechos de las poblaciones indígenas de Bolivia. También viola la ley 1257 de 1991, que ratifica el convenio 169 de la OIT y estipula que ninguna medida estatal que afecte a intereses indígenas puede promulgarse sin previa consulta a los directamente afectados. Desde febrero de 1998, el decreto 24963 se convirtió en una política brutal contra los cocaleros indígenas, sin consulta previa con ninguna organización y sin debate parlamentario.

2. La noción de coca “excedentaria” (Art. 10 de la ley 1008) no puede ser rígida, ya que el mercado legal es dinámico y se ha ampliado a la población urbana, tanto en Bolivia como en los países vecinos. Sólo en la Argentina, con base en los datos de DIGECO, se estableció en el año 2000 que existe un consumo legal de la hoja de coca (bajo la forma de “coqueo” y usos medicinales, despenalizados por la Ley 23737 de 1989) alcanzando un volumen de 2000 TM anuales, con un valor en circulante de 50 millones de $us anuales (ver reportaje en Pulso Nº 118, 26-10 al 1-11-2001). Esta es sólo una muestra de lo que podríamos exportar como coca legal, con valor agregado, si es que se emprende una acción desde la sociedad civil, para obligar al Estado boliviano a reconocer los derechos indígenas y cocaleros y a adoptar una estrategia más sensata y eficaz de lucha contra el narcotráfico.

3. En las últimas luchas sociales se pudo apreciar un masivo consumo de hoja de coca, que se convirtió, junto con el GAS, en un emblema de la dignidad y la soberanía nacional. Es necesario que la sociedad civil se pronuncie para generar una amplia demanda de revisión de la Ley 1008, el cese de la erradicación forzosa y la realización de un estudio independiente e idóneo, sin ingerencia norteamericana, acerca de la magnitud y potencialidad del mercado legal, hasta lograr la adopción de una política soberana de parte del Estado boliviano.

4. Es necesario aprovechar la coyuntura de visibilidad internacional que logró nuestro país a raíz del último levantamiento indígena y popular, para reinstalar en la agenda el tema de la hoja de coca, no como un asunto sectorial que afecta sólo a los productores, sino también al vasto mercado interno que vive de la hoja de coca, así como a los cientos de miles de consumidores que hay en Bolivia y los países vecinos. Defender la hoja de coca como un consumo legítimo y una MEDICINA NATURAL INDIGENA, de Bolivia hacia el mundo, es una prioridad que debe articular a las organizaciones sociales y partidos políticos de vocación soberana, para introducir esta temática en el Parlamento, así como en el Referéndum y la Asamblea Constituyente.

5. Convocamos a las diferentes organizaciones y entidades de la sociedad civil (sindicatos, juntas vecinales, autoridades originarias, pueblos indígenas, colegios profesionales, universidades, empresarios e intelectuales independientes, bancadas del MAS y del MIP, concejales y diputados uninominales que respetan a sus electores), a consultar con sus bases y pronunciarse democráticamente en torno a los siguientes puntos:

a. Si los bolivianos tenemos o no el derecho a definir soberanamente la política en torno a los recursos naturales, como es la hoja de coca, rechazando la imposición del D.S. 24963 y exigiendo la revisión de la Ley 1008.

b. Sabiendo que, ni aunque muera la última familia cocalera, se acabará el problema de las drogas en los países opulentos, si podemos o no permitir que nuestra sociedad se desangre en cumplimiento de una política que no sólo es ineficaz sino inhumana e irracional. Es necesario pronunciarse, como bolivianos, respecto a si consideramos o no que la hoja de coca es una droga, y si tenemos o no derecho a consumirla, comercializarla como medicina natural y exportarla a los mercados mundiales, con valor agregado (mates, tónicos, dentríficos, chicles, etc.), como el modo más eficaz de evitar que entre en el circuito ilegal del narcotráfico.

c. La política antidrogas dictada a Bolivia por el gobierno de los Estados Unidos, no ha ocasionado más que daños y la muerte de cientos de compatriotas, la criminalización de regiones enteras y una espiral de violencia estatal, que resulta incompatible con los postulados de la democracia. Es necesario pronunciarse si los derechos humanos de la gente boliviana deben o no ser defendidos por el Estado en contra de la prepotencia de los Estados Unidos, que insiste en su postura erradicadora sin tomar en cuenta la importancia cultural y económica que tiene para Bolivia la producción y el consumo de la hoja de coca.

d. La política internacional del gobierno boliviano ha estado marcada en estas dos décadas por el servilismo y la puesta en marcha de políticas represivas y contrarias a los intereses del país. Es necesario exigir la adopción de una política internacional soberana y de una estrategia boliviana de lucha contra el narcotráfico que tome en cuenta las demandas de los productores, comercializadores y consumidores de la hoja de coca, y que permita desmantelar los instrumentos de la guerra sucia de los Estados Unidos contra nuestro pueblo, que se ha encerrado en la “opción cero” y en la erradicación forzosa de la hoja de coca, alimentando los males que dice combatir.

 

POR UN DEBATE TRANSPARENTE Y SOBERANO EN TORNO A LA HOJA DE COCA

 

Dionicio Núñez Tancara - c.i.

Silvia Rivera Cusicanqui – c.i. 347136 L.P.                    

Rafael Archondo - c.i. 499277 L.P.

Oscar Olivera Foronda  c.i. 801640 cbba.

Jorge Hurtado G. c.i. 105423 LP

Herlan Ayreyu Cuéllar c.i. 3199156 S.C.

Filomena Nina Huarcacho c.i.

Ruth Flores Pinaya c.i.

Esteban Ticona Alejo c.i.

Cristina Bubba Zamora – c.i. 1027008 Sucre

Walter Guzmán – c.i. 2299049 L.P.

Juan Espinoza Del Villar c.i. 990522 Cbba.

Carolina Loureiro - c.i. 4330544 L.P.

Humberto Mamani Capchiri c.i.

Vitaliano Soria Choque c.i.

Alfonso Hinojosa Gordonava  c.i. 3596789 Cbba

Hugo Rodas Morales C.I. 2715282 L.P.

Javier Buitrago Fernández  C.I. 1075348 Sucre

Claudia Fernández - c.i- 2539966 L.P

Edgar Ramos Andrade. CI. 4791559 LP

Fernando Puente Cainzo  C.I.: 2236647

Theo Roncken C.I. 4408988 Cbba.

Rossana Barragán CI 848847Cbba.

Bettina Schorr pasaporte: 2335084498, nacionalidad alemana

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