COCA Y COCALEROS EN
EL PERÚ:
¿QUE PLANTEAR EN LA
“MESA DE DIÁLOGO” CON EL GOBIERNO?
Por: Hugo Cabieses
Economista y
militante del Partido Socialista
San Jerónimo, Cusco,
17 de Setiembre 2006
El lunes 18 de
setiembre se instalará una “Mesa de
Diálogo” entre el Gobierno del APRA y
los representantes de los agricultores
de las cuencas cocaleras del Alto
Huallaga, Aguaytía y el valle del río
Apurímac y Ene (VRAE). No asistirán
dirigentes de otras cuencas – Monzón, La
Convención, Sandia, San Gabán y Selva
Central - ya que lamentablemente el
frente cocalero se encuentra dividido
desde principios del 2004, lo que
constituye un escenario favorable a las
políticas en curso, al Gobierno del APRA
y al de los Estados Unidos.
Estando lejos de este
acontecimiento y, desde hace varios
meses, alejado también de las protestas
y propuestas de mis amigos agricultores
de las cuencas cocaleras, por
encontrarme viviendo entre el Cusco y
Madre de Dios, dedicado a impulsar
experiencias de desarrollo rural
integral sostenible y sustentable, deseo
opinar y proponer como ciudadano ya que
es mi deseo que prospere este diálogo
que se ha abierto.
Quiero aclarar que no
soy asesor de la congresista Nancy
Obregón – como informó “Caretas” hace
dos semanas - y tampoco de Elsa
Malpartida. Menos lo soy de Nelson
Palomino ni de ningún otro dirigente de
cuenca cocalera alguna. Soy un modesto
conocedor y estudioso de la
problemática, leal amigo de los
dirigentes mencionados a los que he
acompañado en sus luchas y, ahora,
ciudadano con derecho a opinar y
proponer. Con este derecho que me
asiste, quiero compartir los siguientes
puntos que me parece pueden servir como
marco para el diálogo que se inicia. Es
así como considero que, con todo respeto
hacia ellos y ellas, considero que los
dirigentes de las cuencas cocaleras,
deberían plantearle al Gobierno del APRA
los siguientes puntos:
1.
Señalarle
que la "mesa de diálogo" no debe ser una
mecida más y no se trata de una
concesión del Gobierno del APRA, sino
una conquista de los agricultores y
otros sectores que desde hace años
luchamos por nuevas políticas de drogas
y hoja de coca para nuestro país, lo que
implica rescatar y sistematizar los
acuerdos de las más de 40 Actas que han
firmado tres gobiernos - Fujimori,
Paniagua y Toledo - con los
agricultores de diversas zonas
productoras de coca, las mismas que han
sido incumplidas y burladas por DEVIDA y
otras instancias. Estas Actas no deben
ser letra muerte sino elementos
vinculantes y, además, debería
resucitarse la Mesa de Diálogo que fue
creada en marzo del 2001 – DS 009-SA del
24 de marzo de ese año - y que DEVIDA se
encargó de destruir.
2.
Buscar y
exigir cambios en las políticas de
drogas y de la coca mediante la
discusión y promulgación de dispositivos
legales diferenciados que deroguen el
decreto ley 22095 (OJO: no está en las
prioridades del congreso para la
presente legislatura) por obsoleto –
data de febrero de 1978 - e ineficaz –
los “narcos” crecieron y están felices
con este dispositivo - y trastoquen la
institucionalidad actual por ineficaz,
injusta, inconstitucional y muchas veces
corrupta: DEVIDA, OFECOD, CORAH, CADA y
ENACO.
3.
Con respecto
a DEVIDA, la principal recomendación que
le hice a Ricardo Vega Llona cuando me
convocó para apoyarlo en octubre del
2001 fue que debía cerrar Contradrogas –
la que antecedió a DEVIDA -, despedir o
cesar contratos a todos sus trabajadores
y técnicos, evaluar a cada uno - muchos
de ellos habían sido puestos por el SIN
de Montesinos - quedándose con los
honestos, reducir el número de miembros
y parar de cabeza la institución. En ese
momento había 130 personas, 100 en Lima
y 30 en el campo por lo que recomendé
que sea exactamente al revés y con menos
gente. No más de 80, 60 en el campo y 20
en Lima. Ahora hay más personas - creo
que 140 - y la proporción respecto al
campo sigue similar. Vega Llona no me
hizo caso y me dijo: "tú eres socialista
utópico y yo empresario realista que no
cambio el caballo a la mitad del río; no
puedo cerrar una institución de crearon
los gringos". Tuve la razón ya que
considero que cinco años después el
remedio ha resultado peor que la
enfermedad.
4.
Con respecto
a la Empresa Nacional de la Coca (ENACO),
se trata de una empresa que tiene en su
seno una quintuple contradicción: 1) es
un monopolio con posición de dominio en
el mercado, cuando estos fueron
eliminados por la Constitución de 1993;
2) es una empresa pública de derecho
privado, algo así como un pájaro
submarino o pescado volador; 3) por ley
debe hacer desaparecer un producto que
debe revalorar para poder subsistir;
4) compra barato a campesinos pobres en
la ceja de selva para venderle caro a
campesinos más pobres de las serranías
(frase del Ing. Nils Ericsson cuando fue
Presidente de ENACO y defendía la coca);
y, 5) debe prestar un servicio público
fiscalizando que la coca no se vaya para
el “narcotráfico” pero capta menos del
30% de la coca de uso legal. Por ello he
sostenido que ENACO debería tener un
siquiatra en lugar de gerente o
presidente del directorio. La propuesta
es que en su reemplazo debe crearse una
instancia de fiscalización del cultivo y
producción de coca con la participación
de los agricultores, los gobiernos
regionales y municipios. Los municipios
de las zonas productoras de coca pueden
comprar a los agricultores a precios más
altos y mediante sistemas de agricultura
por contrato vender a los municipios de
las partes altas, quienes se encargarían
de distribuir la coca a los consumidores
a precios más bajos que los actuales.
5.
La Oficina
Ejecutiva para el Control de Drogas
(OFECOD), creada en 1978 por el decreto
ley 22095, es una institución que no
tiene oficio ni beneficio, salvo para
darle trabajo desconocido y sin
fiscalización de nadie a algún policía
en retiro con buenas relaciones con la
embajada de EEUU en Lima. Lo mismo
sucede con el Proyecto Especial para la
Erradicación de Coca (CORAH) que depende
de la Sección de Asuntos de Narcóticos
(NAS) de la Embajada de EEUU y que, dado
los recientes hechos lamentables de
Sión, más bien debería reestructurarse
convirtiéndose de erradicador de coca
en plantador de especies forestales.
Otra institución es el CADA (Cuerpo de
Apoyo al Desarrollo Alternativo) que
depende de la OFECOD y cuyos técnicos
están capacitados y tienen los equipos
necesarios - financiados por el Gobierno
de EEUU - para impulsar procesos de
zonificación ecológica-económica que
sirvan a un mejor fin que medir cultivos
de coca para erradicar. Sería bueno
pasar esta institución directamente al
Ministerio de Agricultura.
6.
Es
indispensable buscar una fórmula
adecuada para un cese temporal de la
erradicación de cultivos de coca - como
la que hubo entre 1989 y 1995 -, para
reemplazar está política ineficaz e
injusta por una de reducción gradual,
manual, pacífica y concertada, hasta los
niveles requeridos para el consumo
tradicional y su industrialización
benéfica. Este planteamiento fue el que
hicieron los dirigentes cocaleros en sus
marchas del 2001 al 2003, pero DEVIDA lo
distorsionó totalmente a través del DS
044 – que firmó Toledo y al que se
opusieron las dirigentes Nancy Obregón y
Elsa Malpartida -, buscó financiamiento
norteamericano para entregar migajas a
los que se sumaran al programa sin
siquiera cumplir con las promesas y,
finalmente, se burló de la propuesta
para decir luego que los radicales
dirigentes quieren ahora “coca o
muerte”. Lo que se debe proponer no es
otra cosa que la racionalización de los
cultivos de coca, bajo control social –
no policial burocrático y corrupto -,
como es la estrategia del Presidente Evo
Morales para Bolivia, con la que estoy
de acuerdo.
7.
Se debe
dejar claro que el tema de las drogas y
de la coca no es de "seguridad nacional"
como sostiene el gobierno de EEUU y
repite el Gobierno del Perú con el apoyo
de Fernando Rospigliosi y otros
intelectuales, sino: 1) socio-económico
y cultural por el lado del cultivo y la
producción;
2) médico-sanitario, educativo-preventivo
y socio-económico (cultural en parte)
por el lado del consumo; y, 3) de
inteligencia y Seguridad Humana o
Ciudadana por el lado del tráfico. Una
política de “seguridad nacional” como la
adoptada hasta ahora - siguiendo a pie
juntillas la ineficaz impronta
estadounidense - es equivocar el
diagnóstico y centrar la estrategia en
salidas militares o policiales, lo cuál
en mi concepto es un grave error. Estos
tres aspectos de un sólo fenómeno -
producción, tráfico y consumo - son un
"blanco móvil" y no existe fuerza
posible para encararlo ya que no se ha
inventado aún el "hardware" necesario
para ello.
8.
Es necesario
elaborar, discutir y aprobar en el
Congreso de la República y con la
participación democrática de la sociedad
civil incluyendo a los agricultores y
consumidores de coca, una Política de
Estado sobre Drogas y sobre Coca que no
sea "calco y copia" de la Política de
EEUU. Esta nueva política debe estar
centrada en una estrategia integral de
Seguridad Humana, de la que debe
erradicarse la palabra y el concepto de
erradicación. Los ciudadanos y
ciudadanas, no sólo los cocaleros y
coqueros, deben asumir la problemática
de las drogas y la coca como temas que
los atañe y afecta o favorece. Es decir
se debe construir el "software"
suficiente, la masa crítica necesaria
para consensuar un rechazo e impulsar
propuestas ciudadanas positivas, no
policial-represivas, alrededor de una
Política de Estado sobre Coca y sobre
Drogas, diferenciando una de otras. No
una Política de Gobierno y menos aún la
Política del Gobierno de los EEUU, que
es lo que hasta ahora se ha estado
impulsando con fracasos que están a la
vista (leer "Drogas y Democracia en
América Latina: el impacto de la
política de EEUU" editado por WOLA en el
2004).
9.
Debe
plantearse la necesidad de realizar
encuestas y estudios que permitan que el
Estado, el Gobierno y la sociedad civil
no sigan con los "ojos vendados" en lo
que se refiere a estos temas,
particularmente en cuanto a las
extensiones de cultivos de coca - las
mediciones no son del Perú sino de la
CNC estadounidense y la UNODD con
discrepancias enormes entre una y otras
-, las cantidades requeridas para su uso
tradicional - piccheo, medicinal, ritual
y otros - y la industrialización
benéfica. Pero para ello, hay que saber
cuánto, cuántos, por qué, de qué forma,
en qué sitios se cultiva y consume la
coca y qué beneficios o perjuicios trae.
La Encuesta del INEI/DEVIDA, realizada
en el 2003 y solicitada por los
agricultores en sus marchas, realizada
con financiamiento de USAID y la NAS, no
sirve para saber a ciencia cierta de qué
estamos hablando. Aunque DEVIDA y la
Embajada de los EEUU sostenga lo
contrario - además de Rospligliosi,
Antesana y otros -, sus resultados y
análisis responden al interés del
Gobierno de ese país pero no al de los
peruanos y peruanas. Varios críticos de
las políticas erradicadoras sostenemos
que la tesis de "9 de cada 10 hojas de
coca se van para el narcotráfico" es
falsa por exagerada y que las cifras que
se manejan no son científicas sino
políticas, interesadas con golpear los
eslabones extremos de la cadena, en este
caso a los campesinos, dejando libres a
los intermedios: traficantes de
precursores químicos, policías
corruptos, "narcojueces", lavadores de
dinero, empresarios "de alto riesgo",
traqueteros mayoristas, etc. Como dijo
alguna vez Evo Morales en Bolivia,
repitió Elsa Malpartida en el Perú y le
dio la razón el embajador de EEUU en
Lima, James Curtis Struble: "los
narcotraficantes de cuello y corbata
andan sueltos".
10.
Para la
nueva Política de Estado es
necesario “separar la paja del grano” en
torno a la coca en base a sus tres
dicotomías: a) que coca no es lo mismo
que la cocaína, aunque la contiene y es
también materia prima para producirla,
razón por la que debe estar fiscalizada;
b) que cultivador de coca no
es traficante de drogas ni integrante de
la cadena del "narcotráfico" sino
interlocutor para el impulso de nuevas
políticas; y, c) que consumidor de coca
no es droga-dependiente sino ciudadano
con derecho a consumir una planta que
constituye un símbolo de su identidad y
por lo tanto con derecho a participar en
la formulación e impulso de las nuevas
políticas.
11.
Debe
cambiarse de raíz la estrategia del
llamado "desarrollo alternativo" por
una de desarrollo rural integral
sostenible y sustentable que comience
por investigar qué se ha hecho con los
fondos internacionales donados para
ello, que impulse una estrategia que no
esté basada en cultivos y actividades de
exportación sino de mercado interno, que
tome como eje la participación de los
agricultores en la elaboración de la
estrategia, que no considere mendigos a
los agricultores sino empresarios con
derecho a crédito, que impulse
actividades económicas que aprovechen la
biodiversidad andino-amazónica, que
considere a la hoja de coca coma parte
consustancial a esta biodiversidad y que
no se base en poner por delante la
disminución de los cultivos de coca sino
el desarrollo.
12.
Señalarle al
Gobierno del APRA que es un grave error
estratégico que más del 85% de los
fondos de la cooperación internacional
para la lucha contra las drogas y el
"desarrollo alternativo" provenga del
Gobierno de EEUU. Debe haber una
diversificación de fuentes y para ello,
convocar a los embajadores de la Unión
Europea, Alemania, Canadá e Italia a fin
de reconstruir lo que se conocía como el
Dublin Group. En los últimos cinco años,
dada la prioridad que el Gobierno del
Presidente Toledo le dio a las
relaciones con el de EEUU,
particularmente en el tema del TLC, no
hubo la voluntad política ni la
capacidad técnica para diversificar
fuentes. Además se dejó en manos de
USAID a través de la NAS y la UNODD el
tema del "desarrollo alternativo" lo que
también es un grave error estratégico.
Se debe restablecer la Mesa de Donantes
de Bruselas – creada en 1998 -, apoyar
la reconstrucción del Dublin Group,
fortalecer las relaciones con la
Comunidad Andina de Naciones (CAN),
trabajar fuentes de financiamiento con
el BID y articular propuestas hacia la
Corporación Andina de Fomento (CAF) en
coordinación con la Corporación
Financiera del Desarrollo (COFIDE).
13.
Es
indispensable la necesidad de iniciar
una campaña nacional de revalorización
de la hoja de coca, comenzando por
eliminar los insultantes carteles de
DEVIDA, CEDRO y Alianza por un Perú sin
Drogas del tipo “coca = delincuencia” o
"de cada 10 hojas de coca 9 se van al
narcotráfico". Esta campaña también debe
ser internacional, acompañando a Bolivia
y Argentina en la solicitud del retiro
de la hoja de coca de la Lista 1 de
estupefacientes de la ONU. En lo interno
es necesario crear un instituto de
investigaciones científicas y
antropológicas sobre este recurso
andino-amazónico.
14.
Finalmente,
considero que se debe atender las
exhortaciones del fallo del Tribunal
Constitucional (TC) adoptado en
noviembre del 2005 en torno a la hoja de
coca y las ordenanzas regionales que se
promulgaran el año pasado en Cusco y
Huanuco. El TC señala que “no puede
ser ajeno a los importantes argumentos
planteados por los demandados – o sea
los Gobiernos Regionales de Cusco y
Huánuco - en relación con las causas que
explicarían la necesidad de la
declaración de la planta de la hoja de
coca como patrimonio natural y cultural
de la Nación (por lo que) estima
pertinente realizar una aproximación al
tema”. Acorde con ello aborda
aspectos críticos y los convierte en
exhortaciones que, teóricamente, no son
vinculantes pero ningún Gobierno puede
hacerse de la vista gorda frente a
ellas. Los temas señalados por los
Magistrados son los siguientes:
14.1.
La hoja de coca no es
sinónimo de cocaína:
El TC sostiene lo siguiente: “(la
hoja de coca) ni siquiera constituye, en
su estado natural, la fase
inmediatamente previa a la obtención en
el ciclo productivo de aquel alcaloide
altamente adictivo, pues dicha fase
intermedia se encuentra constituida por
la elaboración de pasta básica de
cocaína bruta y lavada, a la que debe
añadirse el uso de insumos químicos que,
en sí mismos, tampoco constituyen
productos prohibidos, sino regulados en
su comercialización y uso industrial”
(Punto 94). En otras palabras, según el
planteamiento de los Magistrados la coca
debería ser regulada y no prohibida,
como quiere e impone el Gobierno de
Estados Unidos.
14.2.
El consumo de coca
debe ser respetado:
El TC argumenta lo siguiente : “En
tanto el uso tradicional de la hoja de
coca determina una identidad socio
cultural entre esta planta y un
importante sector de la población, toda
política orientada a su regulación, no
puede perder de vista esta innegable
realidad, que debe ser afrontada sobre
la base de un amplio conocimiento de sus
particulares dimensiones y no bajo la
influencia de iniciativas nacionales o
extranjeras carentes de identificación
con el tema.“ (Punto 101). Es decir,
los gobiernos del Perú y EEUU no conocen
ni aceptan las complejidades de la hoja
de coca, sus dicotomías, caracteres,
dimensiones y diferenciaciones.
14.3.
La producción de coca
y su transformación debe ser conservada:
Los Magistrados del TC sostienen que:
“Las potencialidades del patrimonio
cultural inmaterial, como en el caso de
la planta de la hoja de coca,
trascienden del ámbito de lo cultural,
adquiriendo especial relevancia, y
obligando al legislador a hacer una
lectura integral de esta institución
atendiendo a sus consecuencias
socioeconómicas, haciendo efectivas
tales normas internacionales que
garantizan los intereses de la Nación
peruana a participar en los beneficios
de la explotación comercial, pero
fundamentalmente los derechos de las
comunidades campesinas y nativas
(artículo 89º de la Constitución) de
recibir una compensación por la
contribución de sus conocimientos
tradicionales sobre la hoja de coca en
la generación de riqueza“ (Punto
108). Ni el agua es más clara: según los
Magistrados, la coca no sólo debe
conservarse, sino industrializarse.
Ambos asuntos reman contra la política
de DEVIDA y el Gobierno de EEUU, pero a
favor de la coca, de las propuestas de
los agricultores cocaleros y del respeto
a los tratados internacionales y la
Constitución Política del Estado.
14.4.
La coca como fuente
de desarrollo sostenible:
El TC también rema en contra de una de
las falacias de DEVIDA – que la coca
produce pobreza - en el siguiente
sentido: “Se debe reconocer que este
patrimonio constituye una fuente de
oportunidades para el desarrollo
sostenido de las regiones cocaleras, por
ello, es que se hace necesario afirmar
que su conservación, recuperación y uso
sostenible de la hoja de coca requiere
de la concertación de políticas y
estrategias nacionales y regionales que
garanticen su utilización racional. De
esa forma se superará una de las grandes
paradojas relacionadas con la
biodiversidad, pues nuestro país, siendo
un gran productor de la hoja de coca, a
la vez, carece, al menos en la
proporción y medida adecuadas, de los
recursos materiales y humanos
imprescindibles para su estudio y
explotación lícita“ (Punto 109).
14.5.
La coca como
patrimonio biológico aprovechable:
Adoptando una actitud ecológica y de
conservación de nuestros recursos
naturales el TC informa que: “El Perú
concentra un alto porcentaje de la
biodiversidad del planeta, y junto con
los países de la subregión andina es
lugar de origen de importantes recursos
fitogenéticos andino amazónicos que
proveen alrededor del 35% de la
producción agroalimentaria e industrial
del mundo. En atención a ello, se hace
necesario efectuar una visión amplia, de
la riqueza biológica nacional y las
características geográficas en las
cuales se desenvuelve, para orientar
recursos científicos que permitan
garantizar la conservación del
patrimonio biológico que en ella se
sustenta y dentro de los cuales se
encuentra la planta de la hoja de coca.“
(Punto 110). Según los Magistrados, la
planta de coca es un patrimonio
biológico de la Nación, que las
políticas norteamericanas quieren
erradicar y DEVIDA no quiere garantizar
su defensa.
14.6.
Ha habido “ocio del
legislador” respecto a la coca:
Poniendo el dedo en la llaga y contrario
a lo que afirma DEVIDA, el libro de
Fernando Rospigliosi y varios otros
estudios recientes, el TC informa que:
“Desde hace siglos el uso tradicional
(chaccheo, mágico religioso, ceremonial
y medicinal) de la planta de la hoja de
coca, forma parte de la identidad
cultural de los pueblos originarios del
Perú. Por ello, este Colegiado comparte
la preocupación de los demandados por el
ocio del legislador nacional al no haber
reconocido expresamente al uso
tradicional de la planta como patrimonio
cultural inmaterial de la nación. En
tanto dicha inercia legislativa persista
se corre el riesgo de generar una
inconstitucionalidad por omisión, no
sólo por afectar el derecho a la
identidad cultural de muchos peruanos
(artículo 2º 19 de la Constitución),
sino también por afectar el derecho a la
igualdad (artículo 2º 2 de la
Constitución)“ (Punto 111). DEVIDA,
el ocioso Congreso de la República, así
como varios investigadores peruanos
pagados con fondos de USAID, tendrán
que poner las barbas en remojo ya que
están procediendo contra la Constitución
Política del Estado.
14.7.
La coca como
patrimonio natural y cultural:
Acorde con lo anterior, el TC“exhorta
al Congreso de la República a incluir a
la planta de la hoja de coca en la lista
de cultivos reconocidos como Patrimonio
Natural de la Nación, por la Ley N.º
28477. En igual sentido, se exhorta al
INC, a iniciar los trámites
administrativos para evaluar la
conveniencia técnica de la declaración
del uso tradicional de la planta de hoja
de coca como patrimonio cultural
inmaterial, de conformidad con el
ordenamiento internacional” (Punto
111). Frente a la ociosidad del Congreso
de la República y del Instituto Nacional
de Cultura (INC), los Magistrados
solicitan lo que hace tiempo han
solicitado los agricultores cocaleros en
su marchas, las autoridades locales en
su memoriales y los Consejos Regionales
en sus Ordenanzas: RESPETO para un
patrimonio natural y cultural.
14.8.
No a la “coca cero”
pero sí al “narcotráfico cero”:
El TC deslinda con la política oficial
peruana y norteamericana diciendo que:
“Con el mismo énfasis con el que este
Tribunal reconoce que la hoja de coca no
es sinónimo de cocaína y que, atendiendo
a las características pluriculturales
del Estado peruano, resultaría contrario
al derecho fundamental a la identidad
cultural y étnica de la población
indígena, pretender la erradicación
absoluta de las plantaciones de hoja de
coca, reconoce también que la ausencia
de control efectivo por parte del
Gobierno Nacional sobre la expansión de
su cultivo, cosecha y comercialización,
tiene relación directa con el tráfico
ilícito de la cocaína.” (Punto 120).
Y añaden: “Ciertamente a un Estado
democrático y social de derecho como el
peruano, no puede serle ajeno este
flagelo, que no sólo es del Perú, sino
que ha adquirido ribetes universales y,
en ese sentido, compromete a la
humanidad entera. Efectivamente, está
comprobado, médica y psicosocialmente,
que su consumo afecta sensiblemente a la
dignidad del ser humano, el derecho a la
salud, libre desarrollo y bienestar
personal y familiar. De ahí que, a
partir de la Constitución, se haya
impuesto como una tarea
constitucionalmente exigible al Estado
que éste adopte diversas medidas
destinadas a combatir y sancionar el
tráfico ilícito de drogas.” (Punto
121). En resumen, los Magistrados
plantean la tesis principista y soberana
que está enarbolando el Presidente
boliviano Evo Morales: no a la “coca
cero”, pero si al “narcotráfico cero”.
14.9.
Desproporción de los
tratados internacionales sobre la coca:
El TC se atreve a reinterpretar aspectos
de la normativa internacional: “En
atención a la variación de la normativa
internacional en relación con el combate
al narcotráfico y a las consideraciones
precedentes, debe interpretarse que allí
donde las convenciones o tratados
internacionales hacen referencia al
“arbusto de coca” u “hoja de coca” para
aludir a una sustancia prohibida,
realizan una vinculación
desproporcionada con la cocaína. Está
exigencia interpretativa es aplicable a
la Lista I de sustancias prohibidas de
la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes.” (Punto 127). A
buen entendedor, pocas palabras: el TC
insinúa la necesidad de revisar la Lista
I sobre Estupefacientes, asunto que
DEVIDA se niega a interpretar.
14.10.
Las políticas contra
el “narcotráfico” han sido ineficientes:
Para los Magistrados del TC: “Aún
cuando de conformidad con el diseño
actual de las políticas nacionales en
relación con el cultivo de la hoja de
coca, corresponde declarar la
inconstitucionalidad de los dispositivos
impugnados, ello no es óbice para que
este Colegiado advierta que dichas
políticas no están alcanzando los
resultados esperados, y no resulta
plenamente afín con la realidad nacional
y regional sobre la materia.” (Punto
135). Según el TC, estas políticas no
tienen nada que ver con la realidad
nacional y lo que se aplica son las
políticas norteamericanas, justamente lo
que denunciamos y niega DEVIDA.
14.11.
ENACO es ineficaz:
El TC
destapa las ineficacias de esta empresa
ya que: “El artículo 61º de la
Constitución de 1993 establece que
ninguna ley puede autorizar ni
establecer monopolios, sin embargo ENACO
S.A. es un monopolio preconstitucional
que ha cumplido una labor administrativa
en la cadena de la lucha contra el
narcotráfico. Y aún cuando este
Colegiado, en la fórmula de un Estado
social y democrático de derecho
(artículo 43º de la Constitución) y de
una economía social de mercado (artículo
58º de la Constitución), puede aceptar
que, bajo criterios de proporcionalidad
y razonabilidad, dicha disposición
constitucional admita excepciones, la
ausencia de eficaces resultados, permite
sostener que el establecimiento de una
medida monopólica no está resultando
idónea para alcanzar la formalización y
el control de la comercialización de la
hoja de coca.” (Punto 139). Como
puede constatarse y varios hemos
argumentado anteriormente, la ONU nunca
le solicitó al Perú establecer un
monopolio estatal como ENACO, sino un
mecanismo de regulación eficaz. Pero
además, tal como sostienen los
agricultores cocaleros y ha demostrado
el FONAFE en su informe: el monopolio de
ENACO no funciona y, además, es
corrupto.
14.12.
DEVIDA también es
ineficaz:
Al respecto los Magistrados argumentan
que: “una medida complementaria como
el desarrollo alternativo, a cargo de
DEVIDA, hasta el momento tampoco ha
obtenido los resultados
constitucionalmente exigibles de
incorporar a los cocaleros a las
políticas agrarias alternativas, en el
marco del desarrollo agrario y de la
lucha contra el narcotráfico, postulados
en los artículos 88º y 8º de la
Constitución, respectivamente”
(Punto 139). En contrapartida a ENACO y
DEVIDA, el TC “exhorta al Congreso de
la República, para que, en aplicación de
la Convención Única de 1961 sobre
Estupefacientes, establezca un régimen
de licencias, manteniendo a una entidad
con eficaces funciones de control”
(Punto 139). Es decir, lo mismo que han
planteado los agricultores cocaleros en
sus marchas y memoriales.
14.13.
La erradicación de
coca es ineficiente y los precursores
químicos no se tocan:
Los Magistrados
constatan que: “ …. el
hecho de que el Estado concentre su
política de lucha contra el tráfico
ilícito de drogas en la erradicación
parcial de una de las materias primas de
la pasta básica y la cocaína (la hoja de
coca) y en la tipificación y sanción
penal del delito, más no en el tráfico
informal o ilícito de los productos
químicos que permiten producir drogas,
tales como el kerosene, el ácido
sulfúrico, el amoniaco, el anhídrido
acético, benceno, carbonato de sodio,
carbonato de potasio, cloruro de amonio,
etc. En otras palabras, no es plenamente
constitucional que el combate preventivo
contra el TID sólo se dirija contra uno
de los estadíos que permiten su
perpetración, y no contra la oferta y la
demanda de drogas y la comercialización
de insumos químicos, lo que podría
generar resultados más efectivos y menos
costosos” (Punto 138). El TC
constata el desequilibro en la política
de drogas orientada hacia la represión a
los campesinos, señala la ineficacia del
combate al tráfico de precursores
químicos y exhorta a que el Estado tenga
una política integral sobre este tema.
14.14.
El tráfico de drogas
es un problema de demanda:
Poniéndose
economistas, los Magistrados indican
que: “Debe tenerse en
cuenta que en la cadena que culmina con
el tráfico ilícito de drogas, es la
demanda por la cocaína, a partir de la
postrimería de la Segunda Guerra
Mundial, como señala uno de los
demandados, la que ha generado que la
hoja de coca se convierta en un cultivo
controlado; siendo que los consumidores
y productores de la cocaína,
básicamente, se encuentran en los
Estados Unidos, Europa y otros países de
la región andina, respectivamente. En
consecuencia, la demanda por el consumo
de cocaína proveniente de los Estados
Unidos y demás países desarrollados,
constituye la locomotora que arrastra a
la conversión de la hoja de coca en un
insumo básico para su transformación
ilícita en una droga prohibida que
circula ilegalmente en dichos países.”
(Punto 139). En otras palabras, los
ofertistas en políticas de drogas - la
oferta determina el fenómeno y no la
demanda -, así como los que sostienen
que “es más fácil matar abejas en el
panal que millones volando en nuestro
territorio” deberían revisar sus
enfoques.
14.15.
Rediseñar una
Política de Estado:
Los Magistrados solicitan lo mismo que
los agricultores cocaleros en sus
movilizaciones y memoriales, ya que:
“En base al deber constitucional del
Estado previsto en el artículo 8º de la
Constitución, corresponde al Congreso de
la República y al Poder Ejecutivo, de
conformidad con sus atribuciones,
rediseñar la política del Estado contra
el tráfico ilícito de drogas, enfocando
el esfuerzo en todos los estadíos de la
producción, particularmente en aquellos
descuidados a la fecha y que se
encuentran relacionados,
fundamentalmente, con la demanda y no
sólo con la oferta, y con pleno respeto
de los derechos fundamentales, en
especial, aquellos de contenido
cultural” (Punto 140). Con ello el
TC señala la necesidad de construir una
verdadera Política de Estado sobre estos
temas que hasta ahora no existe y se
alinea con el Art. 14 de la Convención
de Viena de 1988 que respeta la hoja de
coca en aquellos territorios en los que
exista evidencia histórica de ello, como
son los casos de Bolivia y el Perú.
14.16.
Concepciones erradas
de EEUU sobre coca y cocaína:
El TC imparte lecciones básicas al
gobierno de Estados Unidos en el
siguiente sentido: “Aún cuando este
Colegiado encuentra necesarios los
diversos convenios bilaterales
celebrados en particular con los Estados
Unidos de América, para un eficiente
combate contra el tráfico ilícito de
drogas, resulta preocupante que en
diversos documentos oficiales de la
contraparte peruana en dichos convenios,
se sostengan inexactitudes como la
siguiente: ´La cocaína es el más potente
estimulante de origen natural. Es
extraído de las hojas de la planta de la
hoja de coca. (...). El consumo de
cocaína en los Estados Unidos se origina
de la planta de la coca que crece en
Sudamérica´. El TC sostiene que esta
concepción maniquea en el fondo lleva al
planteamiento de coca cero: “resulta
claro y evidente que la cocaína ni es de
origen natural ni se extrae de la hoja
de coca, la cual no es más que su insumo
básico. Concepciones manifiestamente
erradas como la recién transcrita pueden
desencadenar una política orientada a la
erradicación absoluta de la hoja de coca
de nuestro territorio, con la manifiesta
afectación del derecho a la identidad
cultural de los pueblos originarios del
Perú (artículo 2º19 de la Constitución).
En tal sentido, a efectos de proteger
preventivamente los derechos
fundamentales de toda la colectividad,
es deber del Estado peruano adoptar las
garantías para que tales imprecisiones
no sean germen de medidas
inconstitucionales concretas, por lo que
se exhorta al Presidente de la República
a reevaluar la política nacional e
internacional antinarcóticos, de
conformidad con los incisos 3 y 11 del
artículo 118º de la Constitución, a
efectos de que sea más eficiente y
acorde al derecho y la realidad
nacional.” (Punto 142). En otras
palabras, para que el Gobierno del
Presidente Alan García cumpla con la
Constitución debe modificar no sólo la
política nacional sobre drogas, sino
además reevaluar la política
internacional.
15.
Estos temas
levantados por el Tribunal
Constitucional no han sido resaltados
por los medios de comunicación, lo que
no nos extraña. Sin embargo, se trata de
argumentos que si bien no son
vinculantes – o sea de obligatorio
cumplimiento – sino exhortaciones,
pueden ser usados nacional e
internacionalmente para impulsar una
campaña por la modificación de las
actuales políticas anti-drogas,
propugnar cambios en los tratados
internacionales y buscar la
despenalización internacional de la coca
en camino al 2008. En ese año se
cumplirá una década desde que en Nueva
York se adoptara el Plan de Acción para
la Lucha Contra el Consumo y Tráfico
Ilícito de Drogas, el mismo que deja
hasta ahora mucho que desear. Una
sugerencia de lo que podría hacerse con
estos argumentos es recurrir al Tribunal
Constitucional para declarar
anticonstitucionales – por falsos,
confusos, difamatorios, insultantes y
atentatorios contra el derecho de los
peruanos a identidad propia - los
carteles publicitarios de DEVIDA, la
Alianza por un Perú sin Drogas y CEDRO
en los que no se distingue coca de
cocaína igualando la planta ancestral y
su uso con delincuencia, corrupción,
terrorismo, violencia y otros flagelos.
