|
Bolpress, 28 de septiembre de 2006
EL CATO DE COCA Y EL
PLAZO DE GW BUSH
Mario Argandoña Yáñez
27 de septiembre de 2006
El 4 de noviembre de 2004, Bolpress
publicó un artículo sobre el cato de coca que
considero oportuno repetir ahora que el gobierno de
GW Bush fijó un plazo de 6 meses para cambiar la
nueva política boliviana de la coca. He ampliado
esta vez la versión de 2004 con observaciones del
sabio Alcide D’Orbigny, y con ligeras modificaciones
para poner al día el texto original.
Existe la evidencia histórica de que
el uso y el cultivo tradicional de coca en el
trópico de Cochabamba se remonta a épocas pre-incaicas
y fluye sin interrupción hasta nuestros días, por
consiguiente, es falso afirmar que sea un cultivo
excedentario en transición que se originó recién en
la segunda mitad del siglo XX como respuesta a la
demanda internacional de cocaína. El cultivo antiguo
y tradicional de cocales en el norte del actual
departamento de Cochabamba ha sido acuciosamente
documentado por muchos investigadores, entre los que
se destaca Fanor Meruvia Valderrama (1) cuyo libro
resumo a continuación.
Pocona y los Valles de Cochabamba
tenían en tiempos preincaicos una población sujeta a
señoríos altiplánicos, constituida por diversas
etnias: cotas, chuis, collas, quillacas, sarcos y
otros, que cultivaban papa, maíz y coca en un
territorio con acceso a puna, valle y -en el nor
este de la cordillera-, yungas o monte. Este
territorio fue escenario de una penetración incaica
tardía. Tupac Yupanqui, que enfrentó los ataques de
aborígenes en la frontera sur oriental del
Tawantinsuyo, construyó en 1470 la fortaleza de
Incallacta en Pocona, destruida en 1525. Wayna Capac
edificó la fortaleza de Samaipata y consolidó la
conquista de Pocona en 1500 (30 años antes de morir
Atahuallpa), año en que los incas reemplazaron a las
etnias originarias con mitimaes o mitmacuna
provenientes de otras regiones, particularmente
aimaras del Altiplano. La presencia incaica en
Pocona obedecía a intereses económicos y
estratégicos, la producción de maíz y coca, y la
contención de las tribus hostiles de la frontera.
Los centros más importantes de producción de coca en
el Tawantinsuyo fueron tres: Paucartambo en el
Cuzco, los Yungas de La Paz y losYungas de Pocona
-donde aún quedan restos arqueológicos de caminos
que conducen a la región productora de coca en
Chuquioma.
Pocona se constituyó en una de las
más ricas encomiendas de la conquista. Su primer
encomendero fue Per Anzures -fundador en 1540 de la
ciudad de La Plata hoy Sucre- quien en 1538 recibió
la encomienda de su compañero de armas Francisco
Pizarro. Esta encomienda fue desde un principio
cargada con grandes tributos en coca, en 1540 tenía
2.000 tributarios que entregaban 12.000 cestos de
coca, con un valor de 100.000 pesos. La producción
de coca aumentó en la colonia para abastecer la
explotación minera en Potosí; hacia 1560 entraban al
mercado potosino 90.000 a 100.000 cestos de coca
producida en el Trópico de Cochabamba. Sin embargo,
la encomienda de Pocona entró en decadencia en el
marco de una rápida sucesión de encomenderos en
pugnas de poder y de la declinación sostenida de la
población: de 2.000 tributarios en 1540, quedaban
575 en 1593 y sólo 97 en 1683. Las cargas de los
tributarios no se limitaban a la coca, sino que
debían prestar servicios personales a la iglesia, la
burocracia, los hacendados, etc. En 1601 se conmutó
el tributo pagado en coca por plata, que era más
fácil de cobrar y que no tenía los inconvenientes de
la coca por las dificultades de transporte, las
variaciones de las cosechas, y otros. Mientras
tanto, la renta anual de 100.000 pesos en 1540 había
bajado en 1601 a 9.665, un monto muy difícil de
alcanzar para los tributarios.
Siendo Pocona una frontera y asiento
de mitmacuna, el desorden de la colonización fue
causa de que la mayoría de los tributarios retornara
a sus comunidades de origen, o se internara en el
monte para mezclarse con los yuracarés y otras
etnias orientales, huyendo del duro trabajo al que
eran sometidos por los españoles en los cultivos de
coca, donde murieron muchos “indios” por la
sobre-explotación, el hambre, las enfermedades
tropicales y las epidemias. Por otro lado, al
abandonar la encomienda, los “indios” aparecían en
otros lugares bajo la categoría de “forasteros”, ya
que de esa manera evitaban los tributos al Estado
Colonial. Dicho proceso fue importante en los Valles
de Cochabamba, donde los mitmacuna sin raigambre
retornaron desde el inicio de la colonia a sus
comunidades de origen, para volver -después de años-
al territorio que se había despoblado. Hacia 1683,
en los Valles de Cochabamba y Pocona, el 90% de la
masa indígena eran forasteros organizados con
“gobernadores” y “protectores de naturales”, a
través de quienes podían plantear reivindicaciones a
las autoridades españolas, como la demanda de
tierras. Muchos de estos forasteros se empadronaban
como “yanaconas de su majestad”, y así obtenían el
apoyo de aquellos señores que utilizaban su fuerza
de trabajo.
En tales condiciones, desde los
primeros años de la colonia emergieron chácaras de
coca, pequeñas extensiones de tierra que españoles
particulares adquirían en propiedad, legítimamente
por Cédulas Reales, o ilegítimamente por
asentamientos de hecho en las márgenes de tierras
comunitarias o de encomienda; o por compras
fraudulentas, apropiaciones violentas, etc., tales
apropiaciones ilícitas adquirían posteriormente
carácter legal mediante el mecanismo de las
“composiciones”. Así proliferaron las chácaras de
propiedad privada, probablemente muy productivas
-como en Chuquioma- pero quienes las trabajaban eran
los “indios” cuya mano de obra era obtenida por
contrato o por la fuerza; de hecho, existió un
mercado de esclavos “chiriguanos” para el cultivo de
cocales. Se han encontrado también registros de
caciques e “indios principales” propietarios de
chácaras de coca. La producción privada de coca se
comercializaba en los mismos centros productores del
trópico, en Tiraque, Mizque, Cochabamba y La Plata
(hoy Sucre), desde donde llegaba a las minas y
haciendas de la Colonia. Simultáneamente, hacia el
siglo XVII, empezaron a prosperar las plantaciones
de vid en Mizque, que ocuparon un lugar preferencial
en el mercado de vinos de Potosí. Esta actividad
representó una permanente disputa de la mano de obra
“india”, en detrimento de la producción cocalera.
Hasta que en 1680 se produjo una devastadora
incursión “chiriguana” a los Yungas de Pocona, lo
que provocó el abandono de la producción de coca
durante décadas.
Después de estos trágicos sucesos
transcurrieron décadas antes de que se reorganizaran
las actividades cocaleras de la zona. En la década
de 1720 Baltazar de Lerna compró las riveras del río
Ivirzu pero no pudo reintroducir los cultivos de
coca por la falta de caminos y de mano de obra, por
lo que vendió sus dominios a José Lizárraga quien
los transfirió por 100 pesos al futuro potentado de
la coca, el Conde español General Baltazar de
Peramas, el mismo que empezó por construir un camino
que costó 18.000 pesos, varias casas y una capilla
en Chuquioma (2), donde emprendió el cultivo de coca
al pie de la “enormísima bajada de 6 leguas”. Pero
entonces tropezó con un juicio iniciado por los
jesuitas de las Misiones de Moxos que se atribuían
la propiedad de estos Yungas; el conflicto terminó
favorablemente para Peramas con la expulsión de los
jesuitas en 1767. Sin embargo, el conflicto de
límites renació en el siglo XX y continúa en la
actualidad entre los departamentos de Cochabamba y
Beni. Por otra parte, Francisco de Viedma informaba
en 1788 la existencia de 52 haciendas cocaleras
pertenecientes a los hacendados de Cochabamba,
Quillacollo, Cliza, Tiraque y Tarata, que lograron
adjudicarse grandes extensiones de tierras en las
llamadas “Montañas de Yuracarés”. Entre los
solicitantes y adjudicatarios se encontraban Esteban
Arze y Francisco Rivero, próceres de la
independencia. Pero ningún establecimiento cocalero
se desarrolló en la magnitud de la Hacienda
Chuquioma de Peramas.
La producción de coca en Chuquioma se
organizó con el sistema de hacienda, que consistía
en otorgar una parte de las tierras de la hacienda a
cambio de mano de obra. La familia Peramas, que fijó
su residencia en Totora desde 1780, acumuló poder
económico y político, llegando a acaparar los
cargos públicos de alcaldes y corregidores en
Totora, Pocona, Pojo, Aiquile, Mizque y otros
pueblos en los que poseía extensas propiedades.
Bajo estas condiciones la Hacienda se auto-abastecía
de mano de obra y alimentos para sus cocales. Al
estallar la guerra de la independencia, el hijo y un
yerno de Baltazar fueron muertos por los patriotas
en 1812, otros parientes se refugiaron en Chimoré.
La hacienda se fraccionó entre los herederos, pero
el clan Peramas mantuvo el predominio de la
producción de coca, enriqueciendo a un grupo de
hacendados totoreños que permanecieron fieles a
España muchos años después de la fundación de la
República, de modo que en Totora, no se celebró la
Independencia de Bolivia hasta el 6 de agosto de
1891.
En 1830, el famoso explorador y
científico Alcide Dessaline D’Orbigny que recorrió
el territorio boliviano durante la presidencia de
Andrés de Santa Cruz, registró los siguientes datos
sobre la hoja de coca:
(20 de mayo de 1830) “A la entrada
del valle y en la cima de cada colina, noté, en toda
la ruta, montículos de piedras más o menos
voluminosos, coronados por lo general con una cruz
de madera, y cubiertos de manchas de una materia
verdusca… supe que eran apachetas. Esos
montículos existían antes de la llegada de los
españoles. Eran formados por los indígenas cargados
que, trepando trabajosamente las cuestas escarpadas,
daban gracias al Pachacamac o dios invisible, motor
de todas las cosas, por haberles dado valor para
llegar a la cima, al mismo tiempo que le pedían
nuevas fuerzas para continuar su camino. Se
detenían, descansaban un instante, arrojaban algunos
pelos de sus cejas al viento, o bien, sobre el
montón de piedras, coca, que ellos
masticaban, como lo más precioso que poseen, o bien
todavía se limitaban, si eran pobres, a coger una
piedra de los alrededores, y agregarla a las otras.
Hoy nada ha cambiado; sólo que el indígena no
agradece más a Pachacamac, sino al Dios de los
cristianos, cuyo símbolo es la cruz.” (3).
[D’Orbigny observó al llegar a Bolivia viniendo, que
la sacralidad andina de la coca es constante aunque
cambien los dioses].
(2 de agosto de 1830) “La provincia
de Yungas de La Paz estaba habitada desde antes de
la Conquista de América, lo que me ha sido
demostrado por los restos de antiguas tumbas, pero
no se dedicó al cultivo de la coca hasta la mitad
del siglo XVI, y desde entonces no ha hecho más que
prosperar. Hoy adquiere, cada día, mayor importancia
por ese cultivo y proporciona mucho dinero a la
ciudad de La Paz, capital del departamento del cual
depende.” (4)
(24 de octubre de 1830) “Aparte de
los productos de su valle, Totora se enriquece
además con los productos muy diversos de un lugar
ganado a los hermosos bosques vírgenes, del lado del
territorio de los yuracarés, donde se cultivan, como
en Yungas, la coca, el cacao y todas las plantas de
las regiones cálidas, razón por la cual se la llama
Yungas de Choqueoma. Ese lugar está situado al norte
de las montañas, sobre la ladera de la provincia de
Moxos. No cabe duda de que ese género de industria
puede, si es estimulada, hacer progresar la
provincia de Mizque (de la que entonces dependía
Totora) e impedir que sea, en la coca, tributaria de
la de La Paz.” (5)
[D’Orbigny escribe Choqueoma por Chuquioma, según la
variedad fonética quechua]
Pese a que al establecerse la
República los mercados mineros del altiplano fueron
copados por la coca de los Yungas de La Paz, la coca
de Totora se comercializaba hasta fines del siglo
XIX en Cochabamba, Chuquisaca y Potosí, y en el
norte de Argentina. Sin embargo, a partir de 1900 la
producción cocalera de los Yungas de Pocona y Totora
tuvo su segunda decadencia. Entre las causas de ésta
se menciona una enfermedad de la coca, la estalla.
Pero la causa profunda e irremediable de esta
decadencia estaba en la falta de caminos para
transportar la hoja desde el Trópico de Cochabamba a
los centros de consumo.
En la actualidad la situación es la
siguiente:
Los Tiempos el 26 de septiembre
de 2006
“Cocaleros de los Yungas de Vandiola, en el
parque Carrasco y colindante con Chapare, buscan
diálogo con la Prefectura para que se les
permita cultivar tres catos de coca. En esta
zona sólo se permite un volumen de coca de 112
hectáreas para consumo tradicional.
Los campesinos dijeron ser atropellados con la
erradicación y que el cultivo de coca en el
lugar se remonta a los tiempos del incario.
"Incluso tenemos ruinas", dijeron."Pedimos al
Gobierno que como zona tradicional nos dé tres
hectáreas, y si llega el camino al lugar nos
rebajaremos a dos y si nos dan proyectos, como
los colegios que dan a Chapare, nos rebajaremos
a una hectárea", explicó Josefa Huanta,
dirigente. Los representantes señalaron que no
existe una vía de comunicación con el lugar y
que ellos deben caminar tres días para sacar, en
mulas, su producto al mercado."Aunque no tenemos
caminos nosotros mantenemos el cultivo legal
haciendo llegar de forma legal al mercado.
Queremos el diálogo", dijo otro de los
representantes, Nicanor Churata.”
De esta manera, al ser desatendida la
advertencia del sabio D’Orbigny, no sólo Cochabamba,
sino toda la población de Bolivia, pasó a ser
tributaria de La Paz. Respecto de la coca.
En contraste, la hoja de los Yungas
de La Paz era transportada rápidamente y a bajo
costo a La Paz y Oruro, de donde se distribuía con
los ferrocarriles que llegaban a las minas y a la
Argentina. Cuando se inauguró el ferrocarril a
Cochabamba, éste quedó alejado de Totora puesto que
había sido construído para transportar maíz, frutas
y hortalizas de los valles a Oruro y las minas. La
situación de Totora y Pocona empeoró con la crisis
económica mundial de 1930 y con la Guerra del Chaco
en 1932.
Mientras tanto, en la primera mitad
del siglo XX, los Yungas de La Paz fueron el asiento
de casi la totalidad de la producción de hoja de
coca en el sistema de haciendas. La Sociedad de
Propietarios de los Yungas, presidida por el aliado
de la gran minería J.A. Gamarra, adquirió el poder
suficiente para proyectar un ferrocarril a Coroico y
logró que la hoja de coca sea declarada por el
gobierno, en 1940, “artículo de primera necesidad”
(6). Según el Censo Agropecuario de 1937-1938, La
Paz producía el 97% del total de la coca del país.
Con las condiciones favorables de producción de coca
en los Yungas de La Paz, la competencia de los
productores paceños tendía a aplastar a los de
Totora. La producción de coca en el Chapare, repuntó
recién al promediar el siglo XX, no obstante de que
los primeros asentamientos datan del siglo XVIII,
por ejemplo, en Todos Santos, Villa Tunari, márgenes
del río Chapare, Chimoré, etc.; pero, por falta de
vinculación vial la producción de coca era marginal.
La época de los gamonales terminó con
la Reforma Agraria que liquidó las haciendas
coqueras bajo el principio de que la tierra es de
quien la trabaja; desde entonces la producción de
coca en los Yungas de La Paz está a cargo de
campesinos minifundistas. En Cochabamba, con la
Reforma Agraria se puso en servicio la primera
carretera de Cochabamba a Santa Cruz, y en 1974 la
nueva carretera que cruza los antes llamados Yungas
de Pocona y Totora, en las zonas tropicales de las
actuales provincias de Tiraque, Chapare y Carrasco.
Estas circunstancias determinaron el nuevo auge de
los cocales. Mientras que la ciudad de Totora
agonizaba desde principios de siglo, la producción
de coca en el Trópico de Cochabamba, que desde la
colonia había sido dependencia de Totora, se puso
muy por encima de la producción en los Yungas de La
Paz, a partir de la década de 1970. El Estado
recién intervino en el Trópico de Cochabamba con
las dictaduras de Bánzer y García Mesa, cuando los
militares y sus áulicos se enriquecieron con la
cocaína que exportaban a los países consumidores del
alcaloide.
Después de la Reforma Agraria, la
producción de coca en el trópico de Cochabamba, ha
sido tarea exclusiva de familias campesinas
minifundistas que migraban desde los valles de
Cochabamba (7), haciendo revivir el patrón
precolombino de cultivos en “archipiélagos” que
abarcan distintos pisos ecológicos, al mismo tiempo
que mantenían sus minifundios productores de maíz o
papa en los valles y las punas (8). Tal tarea se
realizó utilizando mecanismos pre-incaicos de
reciprocidad, como el ayni y otros, que suplieron la
falta de apoyo estatal. Al finalizar la década de
los años 80, el Trópico de Cochabamba recibió a
muchas familias de mineros “relocalizados” que
trajeron a la región su rica experiencia en
organización política, lo que determinó el comienzo
de la lucha por la soberanía y la dignidad contra
los dictados imperialistas de la “guerra contra las
drogas”.
Aunque la Convención de las Naciones
Unidas condenó la coca y el acullico a la extinción
data de 1961, Bolivia no se adhirió a esta
Convención hasta la fecha 23 de septiembre de 1976,
mediante el Decreto Ley Nº 12906, durante la
dictadura de Hugo Banzer. Cuando gracias a los
pactos democráticos de los partidos tradicionales
este dictador racista y sanguinario llegó por
segunda vez a la presidencia promulgó en fecha 20 de
febrero de 1998, el Decreto Supremo Nº 24963,
mediante el cual se establecía que A partir del
año 2002 no existirá ningún tipo de compensación
(por la reducción voluntaria de los cultivos de
coca), habida cuenta la eliminación de toda la
coca excedentaria e ilegal en el territorio
nacional. Este decreto fue interpretado por el
segundo gobierno de Sanchez de Lozada como que los
cultivos excedentarios en transición de la Ley 2008,
pasaban a ser ilegales, y que por lo tanto podían
ser sujetos a la eliminación forzosa que sirvió de
pretexto para violar los derechos humanos de los
cocaleros de Cochabamba.
Aún a riesgo de prolongar este
artículo, es preciso comentar algunos artículos de
la Ley 1008, “Régimen de la coca y sustancias
controladas”, promulgada por el gobierno de Paz
Estenssoro el 19 de julio de 1988, Ley que sin
compadecerse de la historia, ni de la realidad,
estableció lo siguiente:
Art. 8
Para efectos de la presente ley, se definen y
delimitan tres zonas de producción de coca en el
país: (a) Zona de producción tradicional. (b)Zona de
producción excedentaria en transición. (c) Zona de
producción ilícita.
Art 9
La zona de producción tradicional de coca es aquella
donde histórica, social y agroecológicamente se ha
cultivado coca, la misma que ha servido para los
usos tradicionales … En esta zona se producirán
exclusivamente los volúmenes necesario para atender
la demanda para el consumo y usos lícitos … Esta
zona comprende las áreas de producción minifundaria
actual de coca de los subtrópicos de las provincias
Nor y Sud Yungas, Murillo, Muñecas, Franz Tamayo e
Inquisivi del Departamento de La Paz y los Yungas de
Vandiola, que comprende parte de las provincias de
Tiraque y Carrasco del Departamento de Cochabamba.
Art 10
La zona de producción excedentaria en transición es
aquella donde el cultivo de coca es resultado de un
proceso de colonización espontánea o dirigida, que
ha sustentado la expansión de cultivos excedentarios
en el crecimiento de la demanda para usos ilícitos.
Esta zona queda sujeta a planes anuales de
reducción, sustitución y desarrollo, mediante la
aplicación de un programa Integral de Desarrollo y
Sustitución; iniciando con 5.000 hectáreas anuales
la reducción hasta alcanzar la meta de 8.000
hectáreas anuales. La concreción de estas metas
estará condicionada por la disponibilidad de
recursos financieros del presupuesto Nacional, así
como por compromiso y desembolsos de la cooperación
técnica y financiera bilateral y multilateral
sufiente, que deberá orientarse al Desarrollo
Alternativo.
Esta zona comprende las provincias
Saavedra, Larecaja y Loayza, las áreas de
colonización de Yungas del Departamento de La Paz y
las provincias Chapare, Carrasco, Tiraque y Arani
del Departamento de Cochabamba.
Art 11
La zona de producción ilícita de coca está
constituída por aquellas áreas donde queda prohibido
el cultivo de coca. Comprende todo el territorio de
la República, excepto las zonas definidas por los
artículos 9º y 10º de la presente ley. Las
plantaciones existentes de esta zona serán objeto de
erradicación obligatoria y sin ningún tipo de
compensación.
Art 12
Se define como pequeño productor
legal de coca al campesino de las zonas a) y b) del
artículo 8º, que trabaja y produce personalmente la
parcela de su propiedad, cuya economía es de
subsistencia y que tiene entre sus principales
características la obtención principal de su ingreso
proveniente del cultivo de la coca.
Desde un punto de vista geográfico y
regionalista, estos artículos parecen ser el
resultado de una “avivada” de las roscas
centralistas de La Paz, en momentos en que los
campesinos pequeños productores de coca no tenían
representación parlamentaria. Todos sabían que la
coca es fuente importante de recursos económicos y
se decidió que la coca de La Paz mantendría el
control monopólico de estos recursos; en perjuicio
de las zonas de producción tradicional de
Cochabamba, donde el cultivo antiguo y tradicional
de la coca -probado por la evidencia histórica,
social y agroecológica- había tomado nuevo impulso y
amenazaba con restarle ganancias al Departamento de
La Paz.
Pero es mucho más importante enfocar
esta situación desde un punto de vista político. Es
obvio que -regionalismos aparte- la división de los
cocaleros en “tradicionales legales de los Yungas”
por un lado, y “excedentarios en transición del
Trópico de Cochabamba” por el otro, fue el
pretexto político para aislar a los cocaleros de
Cochabamba (que llegaron a organizar la oposición
política más fuerte comtra los gobiernos
neo-liberales), durante los años de la erradicación
forzosa y violenta. Se había previsto que los
cocaleros de los Yungas de La Paz –satisfechos con
sus cocales legales- no apoyarían a los
cochabambinos y, también, que los campesinos del
resto del país tampoco apoyarían a sus hermanos
chapareños puesto que no se verían privados de la
hoja de coca al haberse calculado que su demanda
estaría cubierta con las 12.000 hectáreas de cocales
paceños. En tal situación, Banzer pudo saltar por
encima de la Ley 1008 y, con el pretexto de la
eliminación de la coca cochabambina excedentaria,
dar rienda suelta a sus dormidos impulsos racistas y
fascistas, que fueron tan atrozmente ejecutados por
sus sucesores Tuto y Goni.
Volviendo ahora al campo
internacional, recuérdese que cinco meses después de
promulgada la Ley 1008, en fecha 20 de diciembre de
1988, se aprobó en Viena la Convención de Naciones
Unidas contra el Narcotráfico (9), donde se
establece que para erradicar plantas de coca:
…Las medidas que se adopten deberán
respetar los derechos humanos y tendrán debidamente
en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al
respecto exista la evidencia histórica, así como la
protección del medio ambiente.
Por consiguiente, para cumplir con
sus compromisos internacionales, el Estado boliviano
tenía que reconocer y declarar que la coca del
Trópico de Cochabamba es histórica, tradicional y
legal, no es excedentaria, ni en transición, ni
ilegal. Lo único ilegal, ante la legislación
internacional, es la Ley 1008, una verdadera trampa
que “madrugó” a la Convención de 1988 para evitar su
aplicación racional y correcta. Diez años después,
en 1998, el Decreto Supremo 24963 de Banzer, dio un
paso más en la ilegalidad al fundamentar la
erradicación forzosa de la coca del Trópico de
Cochabamba, con violación plena de los derechos
humanos, para llegar a la meta de “coca cero”
El mismo año de 1998, ante el pobre
resultado mundial de las medidas contra el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias
psicotrópicas, el Secretario de Naciones Unidas
convocó a una Asamblea General para endurecer la
“guerra contra las drogas”; fue entonces que la
“comunidad internacional” sometida a los Estados
Unidos dio su pleno apoyo al Plan Dignidad con el
que Hugo Bánzer justificó la represión sin tregua
en el Trópico de Cochabamba. En el año 2008, al cabo
de otros diez años, se reunirá nuevamente la
Asamblea General de Naciones Unidas con el propósito
de decirle al planeta que se han erradicado, a
sangre y fuego, o con cultivos alternativos, las
plantaciones que los países poderosos del Norte, con
la complicidad de gobernantes del Sur, han infamado
como ilícitas.
Para terminar, quiero insistir en que
con la evidencia existente, los cocales del Trópico
de Cochabamba no son un excedente en transición
provocado por el narcotráfico, estos cocales están
desde siempre en esta región, y probablemente
estarán allá para siempre. Por consiguiente, la
concesión de 3.200 hectáreas de coca para ser
distribuidas entre familias campesinas, no es
ninguna graciosa concesión al reclamo de los
sindicatos, sino que es el reconocimiento de que el
gobierno actual es capaz de empezar a razonar dentro
de la evidencia, la ética y la ley. El cocal del
pequeño productor campesino de coca, el cato, es
legal en el Trópico de Cochabamba, diga lo que diga
la ley 1008, es fundamentalmente un derecho sagrado
e inalienable, tradicional e histórico, por lo que
no puede aceptarse un plazo para su erradicación, ni
el desarrollo alternativo para reemplazarlo por otro
cultivo. Lo único racional y justo es el desarrollo
integral del Trópico de Cochabamba, y de toda
Bolivia, con coca.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
(9)
CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO
ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS
(1988):
Artículo
14, inciso 2,
MEDIDAS PARA ERRADICAR EL CULTIVO ILÍCITO DE PLANTAS
DE LAS QUE SE EXTRAEN ESTUPEFACIENTES
ir arriba |
