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Marcha
por
la
hoja
sagrada
Comunidades
de
pueblos
originarios
presentaron
un
proyecto
en
el
Congreso
para
llenar
el
vacío
legal
en
torno
de
la
hoja
de
coca.
Luego
marcharon
hacia
Plaza
de
Mayo.
Denuncias
y
pedidos.
Las
comunidades
denuncian
que
el
consumo
está
permitido,
pero
la
Justicia
persigue
su
venta.
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“Autorícese la venta minorista de la hoja de coca para su consumo”: así dice el proyecto de ley que presentó ayer, en movilización ante el Congreso nacional, la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios. Procuran así llenar lo que denominan un “vacío legal”, ya que el coqueo está permitido en todo el territorio nacional, pero nunca se reglamentó la importación y comercialización de la hoja. Luego de presentar su proyecto de ley, los representantes de los pueblos originarios marcharon –-cantando, bailando, con sus sikus, sus bombos y sus cajas copleras– hasta la Casa de Gobierno, donde denunciaron al presidente Kirchner que “las autoridades de Aduana y Gendarmería hostigan, discriminan, ridiculizan y expolian a nuestros hermanos por razones legalmente inexistentes como tenencia de hoja de coca en estado natural”.
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“La
hoja
de
coca
no
es
cocaína.
Es
alimento,
medicina,
cultura,
derechos”,
decía
la
pancarta
de
Orcopo
(Organización
de
Comunidades
de
Pueblos
Originarios)
que
se
alzó
ayer
desde
las
tres
de
la
tarde
ante
el
Congreso
de
la
Nación.
Rodeándola,
flameaban
las
wipalas,
compuestas
por
múltiples
cuadrados
de
colores
(la
serie
de
cuadrados
blancos,
en
la
franja
media,
representa
“la
unión
de
las
distintas
comarcas”,
explicaron).
Según
el
proyecto
de
ley
que
quedó
a
disposición
de
los
legisladores
nacionales,
“la
República
Argentina
reconoce
a la
hoja
de
coca,
patrimonio
cultural
de
los
pueblos
originarios,
en
su
uso
medicinal,
alimenticio,
ritual,
religioso
y de
valor
social”;
“se
considera
la
práctica
del
coqueo
como
el
derecho
a
reafirmar
una
identidad”;
“se
autoriza
la
venta
minorista
de
la
hoja
de
coca
para
su
consumo”
y
“se
fomenta
su
industrialización
para
el
consumo
en
infusión
y en
harina”.
En
su
fundamentación,
el
proyecto
recuerda
que
“un
56
por
ciento
de
los
argentinos
tiene
antepasados
indígenas:
en
quechuas,
aymaras,
diaguitas,
calchaquíes,
guaraníes,
está
presente
la
cultura
milenaria
del
coqueo”.
A
las
17.30
la
movilización
se
encolumnó
hacia
la
Casa
de
Gobierno.
Con
sus
ponchos,
sus
sombreros,
sus
chuspas
–esas
bolsitas
de
lana
para
llevar
la
coca
o
enseres
personales–,
caminaban
y
bailaban
ocupando
tres
carriles
de
la
Avenida
de
Mayo;
diez
sikus
sonaban
en
polifonía,
junto
al
charango,
el
bombo
y
alguna
caja
coplera.
Y el
canto:
“Lucharemos,/
siempre
unidos,/
ésa
es
mi
verdad./
Suprema
lealtad:/
cultura
ancestral”.
“Es
para
que
no
vuelva
a
pasar
lo
que
le
pasó
a
Irineo”,
decía
Pablo
Quibal,
de
la
Comunidad
Originaria
Quilmes:
se
refería
a
Irineo
Mora
Sandi,
que
permaneció
más
de
un
año
preso
por
tenencia
de
unos
pocos
kilos
de
hoja
de
coca
y
fue
liberado
tras
una
serie
de
notas
de
Página/12.
La
movilización
iba
más
allá
de
la
lucha
por
la
hoja
sagrada:
“Pueblos
originarios
en
lucha
por
territorios,
cultura,
libre
determinación”,
decía
otra
pancarta
del
Orcopo.
Fernanda
Ortega
Villa
–del
pueblo
tupí-guaraní–-,
señaló
que
“el
Estado
considera
‘tierras
fiscales’
y
vende
por
monedas
los
lugares
que
hemos
habitado
por
miles
de
años”.
Un
cartel
firmado
por
la
Nación
Diaguita
y
sostenido
por
Anomar
Iris
Santana
denunciaba:
“Explotación
minera,
igual
a
muerte.
Basta
de
contaminación
y
saqueo”,
refiriéndose
a
uno
de
los
destinos
de
las
tierras
comunitarias.
Benito
Espíndola,
abogado
de
Orcopo,
encabezó
la
delegación
que
entregó
el
documento
que,
dirigido
al
presidente
Néstor
Kirchner,
advierte
que
“Aduana
y
Gendarmería
hostigan,
discriminan,
ridiculizan
y
expolian
a
nuestros
hermanos
por
tenencia
de
hoja
de
coca
en
estado
natural”,
y
denuncia
“códigos
mafiosos
que
obligan
a
nuestros
hermanos
a
entregar
sus
bolsones
de
hojas
de
coca,
que
serán
devueltos
al
mercado
por
un
precio
mayor”.
El
documento
señala
que
“en
el
Gran
Buenos
Aires
se
acentuó
la
represión
de
esta
cultura
milenaria,
que
se
tradujo
en
detenciones
y
encarcelamientos
por
tener
hojas
de
coca”.
Por
eso
“se
hace
necesaria
una
política
coherente,
ya
que,
para
que
una
persona
pueda
mascar
coca,
necesita
que
alguien
se
la
venda
legalmente”.
“No
somos
ignorantes
del
perjuicio
que
ocasionan
el
clorhidrato
de
cocaína
y la
pasta
base”
y
“solicitamos
una
legislación
más
rígida
con
respecto
a
los
precursores
químicos
para
la
elaboración
de
estas
sustancias
ajenas
a
nuestros
hábitos”,
dice
el
documento,
según
el
cual
“es
de
conocimiento
de
autoridades
como
el
Sedronar
que
Argentina
es
proveedora
de
precursores
químicos,
que
salen
por
la
frontera
de
Yacuiba
y
Pocitos,
en
Salta:
se
mantiene
a
los
pueblos
de
origen
y a
la
hoja
de
coca
como
chivos
expiatorios
mientras
los
agentes
de
la
ley
hacen
alianzas
con
traficantes”.
Ya
entregado
el
documento,
la
movilización
finalizó
con
el
grito
“¡Jallalla!”,
respondido
por
el
grito:
“¡Kausachum!”,
que
expresan,
en
aymara
el
primero
y en
quechua
el
segundo,
el
júbilo
por
la
tarea
cumplida.
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