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BOLETIN DE LA “MESA DE TRABAJO” SOBRE LA HOJA DE COCA EN BOLIVIA

 

 

SAGRADA COCA

 

Nº 1

MARZO

2008

 

 

WASHINGTON, D.C.

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, JIFE criminaliza el akhulliku

Estimados amigos.

He traducido los extractos del informe anual 2008 de la JIFE (), que se darán a conocer oficialmente en los primeros días del mes de marzo. Este documento constituye un ataque frontal contra la legitimidad del akhulliku y otros usos lícitos y legales de la hoja de coca, reconocidos en la propia ley 1008. Este ataque tiene que ver, seguramente, con la creciente legitimidad del akhulliku y con la proliferación de pequeñas industrias legítimas y legales, que en el Perú, Bolivia, el norte de Argentina y los resguardos indígenas de Colombia, han avanzado en los últimos años, como una propuesta radicalmente diferente de lucha contra el narcotráfico. La liquidación del akhulliku y otros usos lícitos y su criminalización dan por tierra con los magros avances de nuestros gobiernos y con la lucha de décadas de productores, consumidores e industrializadores para combatir la economía ilegal por vías mucho más sensatas y eficaces que la hasta hoy fracasada guerra a las drogas. Espero que difundan este documento a todos sus contactos, y que nos organicemos para resistir esta nueva arremetida de las corporaciones, que detentan hoy por hoy un virtual monopolio sobre los usos legales de la hoja, reducida a un mero "saborizante".

Silvia Rivera Cusicanqui

Extractos del informe de la JIFE (traducción de Silvia Rivera Cusicanqui).

Cultivo del arbusto de coca y usos de la hoja de coca bajo los tratados internacionales de control de drogas.

214. La Junta está preocupada por que el cultivo de la planta de coca para usos que no se ajustan a la Convención de 1961, continúa en algunos países. Los usos de la hoja de coca contrarios a la Convención de 1961 también continúan, y algunos de estos usos están incluso en expansión.

215. La Junta debe hacer notar a todos los Gobiernos implicados, que la hoja de coca es una droga narcótica clasificada en la Lista I de la Convención de 1961, tal como ha sido enmendada por el Protocolo de 1972. Los Gobiernos deben garantizar que la producción, exportación, importación y distribución, así como el comercio de hojas de coca se limite a los usos médicos y científicos, límites que se aplican también a cualquier otra droga narcótica. Además, las hojas de coca pueden ser usadas para la preparación de un agente saborizante que no debe contener alcaloides, y en la medida necesaria para tal uso, se permita la producción, comercio y posesión de dichas hojas. Los Gobiernos que permitan el cultivo de la planta de coca deben establecer una agencia estatal que pueda llevar a cabo ciertas funciones, según sean requeridas por los artículos 23 y 26 de la Convención de 1961.

216. La práctica del mascado de la hoja de coca continúa en Bolivia y en el Perú, así como en otros países, en una escala limitada. La junta desea señalar que en el plazo de 25 años después de la entrada en vigencia de la Convención de 1961, el mascado de la hoja de coca debió haber sido abolido en los países donde ese uso tenía lugar. Como la Convención de 1961 entró en vigencia en 1964, la práctica del mascado de la hoja de coca debió haber llegado a su fin en 1989.

217. Además, la hoja de coca se utiliza en Bolivia y en el Perú, para la manufactura y distribución de mate de coca. Dicho uso no se ajusta a las provisiones de la Convención de 1961. La Junta llama nuevamente a los gobiernos de Bolivia y el Perú, para que enmienden su legislación nacional con el fin de abolir o prohibir las actividades contrarias a la Convención de 1961, tales como el mascado de la hoja de coca, la fabricación de mate de coca y otros productos que contienen los alcaloides de la coca, tanto para el uso en el mercado interno como para la exportación.

218. La Junta llama la atención de todos los Gobiernos, que la importación de la hoja de coca para usos distintos a los usos médicos y científicos, y para la preparación de un agente saborizante, es contrario a las provisiones de la Convención de 1981.

219. La Convención de 1988 requiere que los Gobiernos establezcan que todas las actividades relacionadas con la hoja de coca que son contrarias a las provisiones de la Convención de 1961, cuando son cometidas de forma intencional, sean consideradas como delitos criminales. Dichas actividades incluyen, entre otras, la producción, oferta, distribución, venta o entrega bajo cualquier forma, la intermediación, el envío, el transporte, la importación y la exportación de hojas de coca contrarias a las provisiones de la Convención de 1961.

De acuerdo con sus principios constitucionales y los conceptos básicos de su sistema legal, cada país signatario de la Convención deberá considerar como delito criminal, cuando se comete intencionalmente, la posesión y compra de hojas de coca para el consumo personal, contraria a las provisiones de la Convención de 1961. Los Gobiernos deben establecer como delito criminal, en su legislación interna, cuando es realizado en forma intencional, el cultivo de la planta de coca para la producción de drogas narcóticas contrarias a las provisiones de la Convención de 1961.

220. Las provisiones de la Convención de 1988, incluyendo las reservas planteadas bajo dicha Convención, no absuelven a los países signatarios de sus derechos y obligaciones vinculadas a otros tratados internacionales de control de drogas. Es por lo tanto importante que los Estados cumplan con sus obligaciones como signatarios de dichos tratados, a pesar de las reservas que pudieran haber hecho al respecto. Si un Estado requiere la asistencia de la comunidad internacional para poder cumplir con cualquiera de las obligaciones consignadas en estos tratados, debe realizar un pedido formal para dicha asistencia.

221. La Junta hace un llamado a los Gobiernos de Bolivia y el Perú, a iniciar en forma inmediata acciones tendentes a eliminar los  usos de la hoja de coca que sean contrarios a la Convención de 1961, y a fortalecer sus esfuerzos contra el tráfico de cocaína en la región. La Junta hace un llamado a la comunidad internacional para que preste asistencia a dichos países con el fin de que logren dichos objetivos.

(más adelante en el Informe, en la sección sobre las Misiones)

Misiones.

474. En Septiembre del 2007, una misión de la Junta visitó Bolivia para revisar la situación del control de drogas en dicho país y el cumplimiento de los tratados internacionales de control de drogas por parte del Gobierno.

475. La Junta señala que el Gobierno de Bolivia ha adoptado una estrategia de lucha contra las drogas para el período 2007-2010, que marca un cambio significativo en la voluntad política y en el compromiso del Gobierno con los objetivos de los tratados internacionales de control de drogas. La Junta reconoce que la estrategia reafirma una posición dura del gobierno contra la manufactura y tráfico ilícitos de cocaína y contra las organizaciones criminales involucradas. La Junta también aprecia la decisión del Gobierno de fortalecer los mecanismos de monitoreo y control de las plantaciones de coca.

476. Sin embargo, la Junta ha determinado, con preocupación, que la estrategia aborda el tema del mascado de hoja de coca de una forma que no se ajusta a las obligaciones de Bolivia bajo los tratados internacionales de control de drogas, de los cuales Bolivia es signataria. La Junta solicita al Gobierno de Bolivia que cumpla con las obligaciones contraídas bajo estos tratados, y que tome medidas para prohibir la venta, consumo e intentos de exportación de hoja de coca para fines que no se ajustan a los tratados internacionales de control de drogas.

477. El Gobierno de Bolivia puede requerir asistencia de sus cooperantes internacionales en materia de desarrollo, para poner en marcha programas de desarrollo alternativo que permitan enfrentar los problemas de hambre y pobreza que se dan en las regiones productoras de coca. La Junta hace un llamado a los cooperantes internacionales de Bolivia en materia de desarrollo, para asegurar que la asistencia que den al Gobierno de Bolivia se mantenga en línea con los tratados internacionales de control de drogas.

478. La Junta hace notar que el Gobierno de Bolivia a introducido una política del llamado “control social”, según la cual los productores cocaleros estarían a cargo de llevar a cago los programas de erradicación de coca. La Junta reconoce que existe una atmósfera relativamente pacífica en las zonas productoras de coca. La Junta solicita al Gobierno que monitoree muy de cerca esta nueva política de cooperación de los productores cocaleros con los esfuerzos de erradicación voluntaria. Sin embargo, debe considerarse el diseño de medidas alternativas cuando esta política no tenga éxito.

479. La Junta hace notar que el Gobierno de Bolivia ha formado comisiones para revisar la Ley 1008, la norma fundamental que regula las tareas de control de drogas en el país. Dichas comisiones se encuentran trabajando en dos leyes separadas, una que normaría a la hoja de coca, y otra para normar las sustancias controladas. La Junta solicita que el Gobierno garantice que estas nuevas leyes se ajusten a los tratados internacionales de control de drogas.

480. La Junta nota con preocupación que el abuso de drogas en la población en general, así como en la población estudiantil en Bolivia, está en aumento, y al mismo tiempo, que la edad de inicio del consumo de drogas ilícitas está disminuyendo. La Junta solicita al Gobierno de Bolivia que formule e implemente programas educativos tendientes a la eliminación del mascado de hoja de coca, así como de otros usos no médicos de la hoja de coca.

481. El objetivo a corto plazo de dichos programas educativos debiera ser el de desincentivar la práctica del mascado de hoja de coca, así como de impedir que dicha práctica se expanda entre la población joven y estudiantil, los choferes del transporte público y otros grupos vulnerables en Bolivia. Dichos programas educativos deberían ser evaluados tomando en cuenta la extensión y las tendencias del mascado de hoja de coca, así como el papel que juega esta práctica en la dependencia progresiva a las drogas.

489. La Junta envió una misión al Perú en Diciembre del 2006. La Junta reconoce y aprecia que el Gobierno ha adoptado una política nacional de drogas amplia y equilibrada para el período 2007-2011, con el objetivo de combatir el tráfico y el abuso de drogas, fortalecer el control sobre la distribución lícita de drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas, y ha puesto en vigencia una nueva ley de control de precursores químicos. Sin embargo, la Junta nota con preocupación que la gran mayoría de la hoja de coca producida en el Perú se desvía hacia la manufactura ilícita, y que las provisiones de la Convención de 1961 relativas al cultivo lícito de la hoja de coca y la producción y uso de la misma, no se están implementando. La Junta debe recordar al Gobierno que los únicos usos legales de la hoja de coca previstos por la Convención de 1961 son los usos médicos o científicos y la manufactura de un agente saborizante del cual se han extraído todos los alcaloides. La Junta solicita al Gobierno del Perú tomar medidas para abolir a la brevedad posible aquellas actividades que no se ajustan a dichas provisiones.

490. La Junta ha quedado impresionada por los esfuerzos llevados a cabo para abordar el problema de la falta de disponibilidad de analgésicos en el Perú. La Junta hace notar que los informes obligatorios sobre el movimiento lícito de las drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas  y precursores ha mejorado en el Perú. Sin embargo, el Gobierno debería mejorar su capacidad de inspección, para evitar el desvío de las drogas narcóticas y sustancias psicotrópicas de los usos lícitos a la manufactura ilícita de drogas. Con respecto a los esfuerzos de interdicción, debería fortalecerse la coordinación entre las agencias estatales involucradas en el tema. La Junta alienta al Gobierno a fortalecer la cooperación de las agencias encargadas de hacer cumplir la ley, con sus contrapartes en África y Europa, en vista de las actuales rutas y conexiones de tráfico con las organizaciones criminales de dichas regiones. Con respecto a la reducción de la demanda, la Junta destaca con satisfacción las acciones tomadas para evaluar la magnitud y tipo de abusos, prevenir dichos abusos y ofrecer tratamiento a los usuarios de drogas para reintegrarlos a la sociedad. El gobierno debería continuar fortaleciendo sus esfuerzos para revertir las tendencias crecientes al abuso de drogas, incluyendo la oferta de servicios de tratamiento para los segmentos de la sociedad afectados.

(En la sección de recomendaciones:)

Recomendación 7. La práctica del mascado de coca continúa en Bolivia y el Perú. Los países de la región están también involucrados en la manufactura ilícita y el tráfico de cocaína. La Junta hace un llamado a los Gobiernos de Bolivia y Perú a iniciar de inmediato acciones tendientes a eliminar los usos de la hoja de coca, incluyendo el mascado de la hoja de coca, que son contrarios a la Convención de 1961. Los Gobiernos de estos dos países y de Colombia deben fortalecer sus esfuerzos en contra de la manufactura y tráfico ilícito de la cocaína. La Junta hace un llamado a la comunidad internacional a que preste asistencia a dichos países con el fin de lograr estos objetivos.

 

 

Bolivia prepara contraofensiva para defender el derecho de acullicar la hoja de coca

 

 

 

 

 

 

El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), en un pronunciamiento oficial exhortó a las Naciones Unidas a no cometer un acto criminal en contra de la “hoja sagrada” y calificó al informe de la JIFE como una flagrante violación del derecho a la cultura que tienen los pueblos indígenas.
La organización originaria se declaró en estado de alerta y anunció que de ninguna manera permitirá que esta intencionalidad de prohibición del organismo internacional, que aglutina en su seno a todos los países del mundo, se efectivice en Bolivia.

La Paz, 4 Mar (Erbol).- El Gobierno boliviano y las organizaciones sociales calificaron hoy de un atentado contra los derechos humanos de los pueblos indígenas y la población boliviana el informe anual 2007 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) que recomienda prohibir el acullico de la hoja de coca y anunciaron que defenderán esta práctica en los escenarios internacionales.
El ministro de Gobierno y canciller en ejercicio, Alfredo Rada, en declaraciones a la prensa durante la firma del convenio de cooperación de 36 millones de euros, otorgados por la Comisión Europea para la lucha contra el narcotráfico, anunció que Bolivia reafirmará en el 51 Período de Sesiones de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, que se celebrará del 10 al 14 de marzo en Viena, Austria, la importancia cultural y económica de la hoja de coca.
“Bolivia reafirmará la importancia cultural y económica que tiene la hoja de coca frente a eventuales amenazas en contra de su consumo tradicional vertidas por ciertos organismos internacionales”, enfatizó la autoridad.
El informe anual 2007 del JIFE al recomendar “erradicar el consumo de coca y desalentar la práctica de la masticación de la hoja”, no solamente está atentando a un principio básico de derechos humanos de los pueblos originarios y la población boliviano, sino que el eliminar estas prácticas ancestrales sería como acabar con gran parte de nuestra cultura y de nuestra propia vida, aseveró Rada.
El Ministro de Gobierno afirmó que se trata de un informe unilateral el que presentó recientemente la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y que el mismo tiene un alto contenido colonialista que de ninguna manera expresa la realidad de los hechos.
La organización en su informe presentado en la capital colombiana, Bogotá, exhorta a los Gobiernos de Bolivia y Perú a que adopten medidas sin demora con miras a abolir los usos de la hoja de coca que sean contrarios a la Convención de 1961, incluida la práctica de masticarla.
Dicha recomendación colisiona con los usos tradicionales y medicinales de esta planta ancestral en ambos países, y cuestiona además el uso de la hoja de coca con fines industriales, en cualquiera de sus presentaciones, como la fabricación de té, mate o harina de coca.
Masticar hoja de coca tendría un impacto en el aumento de la drogadicción, por lo que es necesario erradicar esa práctica, especialmente entre los jóvenes, según el informe de la JIFA.
Por su lado, el senador del Movimiento Al Socialismo y ex dirigente cocalero, Lino Villca, dijo que el penalizar el consumo de la hoja de coca es una violación a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas aprobado por la ONU, específicamente del artículo 31 que a la letra dice:
“Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, y las artes visuales interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales”.
El senador Villca aclaró que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas no es regalo de nadie, sino que es el resultado de una lucha de más de 20 años del pueblo originario e indígena latinoamericano.
Las Naciones Unidas en vez de hablar sobre la coca debería pronunciarse por los daños irreversibles al medio ambiente, señaló el legislador oficialista a tiempo de acusar a ese organismos internacional de auspiciar a las grandes industrias del planeta.